A pocos meses de las elecciones generales Bolivia 2025, la paridad de género en las candidaturas al Poder Ejecutivo en Bolivia continúa siendo una deuda pendiente de la democracia en nuestro país. A pesar de los avances normativos, los datos muestran que las candidaturas presidenciales siguen siendo un terreno predominantemente masculino.
Una revisión de las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales entre 2005 y 2025[1], revela que el número de hombres postulantes a la presidencia supera ampliamente al de mujeres. De los últimos seis procesos electorales llevados a cabo en el país:
- Solo en tres ocasiones (2009, 2019 y 2025) hubo una mujer candidata a la presidencia, mientras el resto de candidatos eran hombres (7, 8 y 9 respectivamente).
- En tres elecciones (2005, 2014 y 2020), ninguna mujer fue postulada al cargo presidencial.
Por otra parte, las candidaturas vicepresidenciales presentan una mayor inclusión femenina con respecto a las candidaturas presidenciales, con al menos una mujer postulada en cada proceso electoral. Tres mujeres postuladas en 2005, 2014 y 2019 y una mujer postulada en 2009, 2020 y 2025.
El gráfico anterior muestra la proporción de mujeres postuladas a vicepresidentas en las seis últimas elecciones. Resalta la elección de 2014 donde el 60% de los candidatos vicepresidenciales eran mujeres. En ningún otro año, esta cifra se acerco al 50%.
Esta tendencia persiste pese a la existencia de un marco normativo que viabiliza la paridad y alternancia en las listas de candidaturas legislativas y ejecutivas. La Constitución Política del Estado, la Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026) y la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 1096) establecen claramente la obligación de incluir a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, tanto en el acceso al poder como en la representación política.
Normativa vs. Realidad: ¿por qué la brecha persiste?
A pesar de que la normativa establece la paridad y la alternancia de género como principios rectores del sistema electoral boliviano —consagrados en la Constitución Política del Estado (arts. 11 y 26) y desarrollados por leyes como la 026 del Régimen Electoral y la ley 1096 de Organizaciones Políticas—, la realidad en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales muestra una resistencia al cambio.
Esta brecha entre norma y práctica responde a potenciales factores:
- Paridad formal sin voluntad política: La normativa asegura la presencia femenina en las listas, pero no en las posiciones de mayor poder o visibilidad. La paridad muchas veces se cumple de forma meramente cuantitativa, sin garantizar que las mujeres estén ubicadas en franjas de seguridad, es decir, en lugares con altas probabilidades de elección. (Observatorio de la mujer, 2025)
- Ausencia de mecanismos sancionatorios efectivos: Aunque el Órgano Electoral Plurinacional puede observar listas que no cumplen paridad en candidaturas legislativas, no existe un mecanismo equivalente que obligue a garantizar la inclusión femenina en los binomios presidenciales, donde la autonomía partidaria aún pesa más que el principio de igualdad.
- Simbolismo vacío en las reformas legales: La ley puede imponer paridad, pero si no se transforma la cultura política dentro de los partidos y en la opinión pública, la inclusión de mujeres seguirá siendo instrumental, más que sustantiva.
La brecha persiste porque la paridad ha sido asumida como una obligación formal para los partidos, pero no como un compromiso político real.
2025: ¿Un retroceso o una oportunidad?
Las inscripciones realizadas al 19 de mayo del presente año apuntan a una continuidad en la exclusión estructural de las mujeres del binomio presidencial. De los diez binomios inscritos, solo una mujer figura como candidata a la presidencia, y una como candidata a la vicepresidencia, es decir, solo el 10% de las postulaciones ejecutivas están ocupadas por mujeres.
Esta realidad confirma una tendencia persistente desde 2005: las mujeres han estado sistemáticamente subrepresentadas en el máximo nivel del poder político, incluso en contextos donde su presencia legislativa ha sido cercana al 50% como en las elecciones del 2020. Esta contradicción revela un patrón donde la inclusión se concentra en espacios legislativos —por mandato legal— pero no se traslada a los cargos ejecutivos, donde las decisiones de las cúpulas partidarias siguen estando dominadas por hombres.
En este sentido, más que una oportunidad concreta, 2025 evidencia un estancamiento en la democratización del acceso al poder ejecutivo, con un cumplimiento de la paridad que sigue siendo selectivo, instrumental y, muchas veces, simbólico. Las candidaturas femeninas en el binomio presidencial se mantienen en niveles mínimos y sin visos de una transformación estructural en el corto plazo.
[1] A falta de la publicación oficial de candidaturas para las elecciones generales de 2025.
Bibliografía
- Coordinadora de la Mujer (2025). El ABC de las listas de candidaturas electorales. Boletín del Observatorio de Género.
- Constitución Política del Estado de Bolivia (2009).
- Ley N° 026 del Régimen Electoral (2010).
- Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas (2018).
- Órgano Electoral Plurinacional (2005-2025)
Anexos
